DGCP remitirá a la Procuraduría expediente sobre contratación irregular de Farmacard por Senasa

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que remitirá a la Procuraduría General de la República y a la Unidad Antifraude de la Contraloría General toda la documentación disponible en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas sobre la contratación de la empresa Farmacard, S.R.L. por parte del Seguro Nacional de Salud (Senasa), junto a un informe de análisis del caso.

Asimismo, el órgano rector aclaró que las contrataciones realizadas entre las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) y el SENASA, no están reguladas por la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, sino que están amparadas bajo la Ley 87-01 de Seguridad Social.

No obstante, la institución explicó que en los casos de contrataciones de bienes o servicios con empresas que no cuentan con la debida habilitación como prestadoras de servicios de salud emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), sí quedan sujetas a la Ley 340-06 y entran dentro del marco de regulación de la DGCP.

“Este principio quedó claramente reflejado en la resolución RIC-0109-2025, emitida el pasado 15 de agosto de 2025 por este órgano rector, que dejó sin efecto la contratación de la empresa Farmacard, S.R.L. por parte de SENASA. La medida se adoptó porque la empresa no contaba con la acreditación necesaria como prestadora de servicios de salud, por lo que su contratación debía regirse bajo los lineamientos de la Ley 340-06”, destacó este domingo la DGCP mediante una nota de prensa.

En ese sentido, la DGCP reiteró que su competencia no alcanza a las contrataciones realizadas por prestadoras de servicios de salud debidamente habilitadas, pero sí interviene cuando el objeto de la contratación involucra bienes o servicios de empresas no habilitadas conforme a la normativa vigente, garantizando la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Finalmente, la DGCP reiteró su compromiso con la correcta aplicación de la Ley 340-06 en los ámbitos de su competencia y la coordinación con los órganos reguladores correspondientes, asegurando que los procesos de contratación cumplan con los estándares legales y técnicos requeridos.