Abogado de Alexis Medina confía en su “absolución sin lugar a dudas”

SANTO DOMINGO.- El abogado Richard Martínez, representante legal de Alexis Medina Sánchez, principal imputado en una presunta red que sustrajo del Estado RD$ 4 mil 796 millones, se expresó este martes en el tribunal que declare la absolución este miércoles a favor su cliente.

“Lo que se espera es una absolución sin lugar a dudas, porque se hizo el trabajo de refutar y destruir cada acusación presentada por el Ministerio Público”, declaró Martínez.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo decidirán mañana a las 11:00 a.m. si dictan la sentencia de 20 años que solicita el órgano acusador contra Alexis Medina.

El jurista reiteró que el caso parte de “una premisa falsa y de un engaño mediático”, al señalar que se construyó sobre la supuesta prohibición de vender al Estado por ser hermano del entonces presidente de la República en ese momento, Danilo Medina Sánchez, situación que, aseguró, es inexistente.

Sostuvo que, de acuerdo con el marco legal vigente, no existía impedimento para que Alexis realizara transacciones con el Estado.

“Déjame aclararte: como ya hay una ley de compras nueva, la prohibición no existe de conformidad con la Ley 340-06 de Compras, que era la que regía o es la que aplica en este caso de Alexis, porque la ley de compras nueva salió hace menos de un mes”, explicó.

Dijo que también espera la liberación de los demás procesados en el alegado entramado de corrupción administrativa.

“Se le estableció al tribunal que no se cometió ningún tipo de delito, por lo que esperamos la absolución de todos los imputados, incluyendo evidentemente a Alexis Medina Sánchez”, afirmó.

El órgano acusador, además, requirió que Medina Sánchez fuera condenado al pago de 400 salarios mínimos del sector público.

De acuerdo a la acusación, Alexis Medina dirigió un entramado ilícito basado en contratos fraudulentos, tráfico de influencias y testaferro.

En esa misma línea, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los procuradores fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González, solicitó ante el tribunal que le impongan 15 años de prisión a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, así como el pago de 200 salarios mínimos.

Igualmente, pidió 10 años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa; y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez.

Esta misma pena fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.

De igual forma, 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para: Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.

En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, solicitaron cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución.

También, solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.

En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, se solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Peña del Distrito Nacional.

Asimismo, se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, ascendentes a 15 millones de pesos.