El patrimonio de los funcionarios

En estricto cumplimiento de una ley, el gobierno español publica en el boletín oficial del Estado, el patrimonio de todos sus ministros y altos funcionarios. En nuestro país existe una vieja legislación parecida que muy pocos acatan porque a diferencia de España un cargo público aquí es una patente de corso; una licencia para hacer cualquier cosa con las influencias y poderes derivados de las funciones en el gabinete o en altas funciones del Estado. Y cuando digo esto último todos saben a qué me refiero: a la capacidad de actuar como si se tratara de una propiedad privada o de un feudo personal.

El patrimonio de los altos cargos españoles en el boletín correspondiente, por ejemplo, al 2009, nos proporciona una idea de la situación en que nos encontramos en materia de transparencia y pulcritud. Tenemos, por ejemplo, que ese año el más rico de los miembros del gabinete español era una ministra con un patrimonio de 7.4 millones de dólares (cinco millones de euros), fortuna probablemente inferior a la de cualquier funcionario nuestro de bajo nivel llegado al puesto en condiciones de estrechez extrema; tradición de la política nacional que todos los gobiernos han respetado bajo la añeja máxima de “hoy por ti, mañana por mí”.

La menos afortunada del gabinete español ese año era la ministra de Igualdad, y esto es pura coincidencia, con un patrimonio de sólo 57.8 mil dólares, lo que haría llorar a cualquiera de sus colegas dominicanos, con la posibilidad, empero, no dada a sus pares españoles, de resolver esa situación en pocas semanas de ejercicio.

España es más rica y próspera que República Dominicana, pero el jefe del gobierno allí era un “pobre infeliz” con un patrimonio de sólo 310 mil dólares, por lo que tal vez necesitara entonces de asesorarse de algún colega dominicano o con sus amigos chavistas, que en ese caso en particular, como buen español, evidentemente hizo.(Reproducido con autorización del autor. Publicado en elCaribe)