Denuncian allanamiento ilegal en casa de hija de Fernando Rosa durante investigación

SANTO DOMINGO.- La abogada Emery Colombi Rodríguez, representante legal del exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, denunció este miércoles un allanamiento supuestamente ilegal realizado en perjuicio de la hija de su cliente, como parte del proceso judicial del caso Antipulpo.

Durante la continuación de la fase de conclusiones del juicio de fondo, Colombi Rodríguez aseguró que el allanamiento fue realizado en la casa del señor Rosa, que vive una de sus hijas, alegando irregularidades, porque la orden de arresto no estaba dirigida a la dama.

Según explicó la abogada, durante el operativo se incautaron 21 mil dólares, pertenecientes a la hija de Fernando Rosa, fondos que provienen de la liquidación laboral obtenida por su trabajo en el Ministerio de Salud Pública.

“La orden de allanamiento estaba dirigida exclusivamente a Fernando Rosa, no a su hija. Por tanto, esto constituye una violación a sus derechos fundamentales», enfatizó la togada.

Continuó refutando las acusaciones del Ministerio Público en torno a los bienes y empresas vinculadas a su defendido. “Todo los ingresos del señor Fernando Rosa provenían de su trabajo como empleado del Estado».

Aseguró ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quien conoce esta etapa judicial, que no se ha probado que su cliente haya recibido dinero de oferentes ni por ninguna otra vía ilícita durante su gestión al Fonper.

En Antipulpo se acusa a varios exfuncionarios y empresarios de integrar una estructura que habría defraudado al Estado por medio de contratos irregulares, tráfico de influencias y lavado de activos.

Entre los principales implicados figura Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a quien se señala como el cabecilla de una red que utilizó su cercanía con el poder político para obtener contratos millonarios en diversas instituciones públicas sin cumplir con los procesos legales de licitación.

Según la acusación, la red operaba a través de múltiples empresas vinculadas directa o indirectamente a los imputados, las cuales eran favorecidas de manera sistemática por funcionarios aliados en distintas entidades estatales, como Fonper, el Ministerio de Salud Pública y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur).

Estas compañías suplían bienes y servicios a sobreprecio o sin entregar los productos, desviando fondos públicos hacia cuentas personales y estructuras de lavado de activos.