Piden al Defensor del Pueblo explicar en qué gasta el dinero que recibe la entidad

SANTO DOMINGO.- Miguel Antonio Puello Maldonado, segundo suplente del Defensor del Pueblo, ha hecho pública una serie de denuncias sobre la gestión administrativa y financiera de la institución encargada de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos.

En un extenso comunicado dirigido al coordinador de Participación Ciudadana, Erich Hernández Machado, Puello Maldonado expresó su preocupación por lo que considera «un manejo discrecional y poco transparente de los recursos asignados al Defensor del Pueblo por parte del titular de la entidad, Pablo Ulloa».

Según Puello Maldonado, desde que Ulloa asumió su rol en junio de 2021, no ha convocado reuniones para discutir la disponibilidad de los recursos dejados por la anterior defensora, Dra. Zoila Martínez Guante, lo que ha generado «confusión e incertidumbre» en cuanto al destino de estos fondos.

Entre los recursos señalados, destacan RD$414,906,828.80 en una cuenta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinados a la construcción de la sede central y la adquisición y acondicionamiento de oficinas en distintas provincias del país.

El miembro del órgano constitucional también cuestionó la falta de rendición de cuentas sobre RD$1,170,542,537.51 recibidos por la institución a través de depósitos, certificados financieros y asignaciones presupuestarias desde 2021.

Afirmó que estos fondos han sido manejados «sin la debida supervisión ni el consenso de los demás miembros del Defensor del Pueblo, lo que a su juicio contraviene la Ley 19-01 que regula la institución».

En su denuncia, Puello subrayó que la figura del Defensor del Pueblo fue concebida como un órgano colegiado, y que las decisiones sobre el uso de los recursos deben contar con un órgano de contrapeso interno para garantizar la transparencia y la institucionalidad.

Añadió que la actual administración, al manejar los fondos sin este contrapeso, pone en riesgo la credibilidad de la institución y su capacidad de supervisar la actuación de los funcionarios públicos y de las empresas que prestan servicios a la ciudadanía.

«La sociedad dominicana ha sido sorprendida en su buena fe y víctima de actos de corrupción por parte de funcionarios que manejan las instituciones como patrimonio personal», afirmó Puello Maldonado, quien hizo un llamado a la sociedad civil, en particular a la organización Participación Ciudadana, para que investigue y supervise las acciones del Defensor del Pueblo.

El segundo suplente concluyó señalando que la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas es crucial para el funcionamiento del Estado de derecho en el país, y que como miembro del órgano constitucional asume su responsabilidad de denunciar cualquier irregularidad que pueda afectar la integridad de la institución.