La Sociedad Dominicana de Diarios y DNI conversarán sobre nueva ley

SANTO DOMINGO.- Una representación de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) se reunirá el próximo lunes con la jefatura del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) para tratar la revisión de la nueva ley 1-24, que crea un nuevo marco para el manejo de las agencias de inteligencia en el país.

El presidente Luis Abinader instruyó al director general del DNI, Luis Soto, a reunirse con los directivos de la SDD debido a las preocupaciones planteadas sobre la ley que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, ya que se considera que podría ser inconstitucional y limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La SDD, que expresó su preocupación la semana pasada sobre la medida, estará representada por su presidente y director del periódico El Nuevo Diario, Persio Maldonado; su vicepresidente y presidente de Diario Libre, Aníbal De Castro, y el asesor legal y tesorero, Manuel Tapia López.

La SDD ha expresado su preocupación por las ambigüedades percibidas en algunos artículos de la nueva ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Específicamente, la SDD ha citado los artículos 9, 11 y 26 y sus posibles impactos en la libertad de prensa, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

Al concluir su asamblea general ordinaria anual, en la que se eligió la nueva directiva para el periodo 2024-2025, la SDD decidió iniciar las consultas jurídicas necesarias para establecer una posición final sobre dicha legislación.

El artículo 11, por ejemplo, obliga a «todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal», a proporcionar a la Dirección Nacional de Inteligencia «toda la información que esta requiera sobre la cual se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional».

El artículo 26 establece sanciones penales, como prisión de dos a tres años y multas de nueve a 15 salarios mínimos del sector público, para aquellos que «oculten información» requerida por la DNI.

Varias figuras políticas y del mundo del derecho han respaldado la posición de la SDD, a pesar de que el Poder Ejecutivo considera que la legislación no atenta contra las libertades de los ciudadanos.