Procuraduría electoral conocerá denuncias la semana entrante

SANTO DOMINGO.- Pasaron las elecciones presidenciales y congresuales y todavía están pendientes las decisiones de la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales sobre denuncias hechas sobre todo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganador de los comicios del domingo.

Informaciones indican que la magistrada Gisela Cueto, titular interina de la nueva dependencia creada por el Ministerio Público por mandato de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, está afectada del covid-19 pero trabaja desde su residencia “y es probable que para la semana entrante ya tenga todo listo”.

Tiene pendiente decidir en torno a la denuncia formal que depositó el PRM a mediados de febrero de este año contra el senador Félix Vásquez y el director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por formular supuestas amenazas contra los empleados públicos que no votaran por los candidatos del partido oficialista.

La Ley 15-19 en su artículo 284 establece que ese tipo de delito será castigado “con prisión correccional de seis meses a dos años y una multa”, tal como recordó Orlando Jorge Mera al hacer el depósito de la denuncia del PRM y de los vídeos donde los dos funcionarios imputados hacen sus pronunciamientos.

En esta instancia el PRM resalta el caso de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien también es coordinadora del Gabinete Social de la Presidencia; y del excandidato presidencial Gonzalo Castillo, y solicita a la procuradora especializada investigar una serie de actos supuestamente delictuosos cometidos por ambos funcionarios y que, una vez comprobada su responsabilidad, presente formal acusación en su contra.

Empleos. La última denuncia ante la Procuraduría Especializada contra Delitos Electorales la sometió el 29 de junio pasado el Partido de la liberación Dominicana (PLD) acusando al PRM de también haber incurrido supuestamente en violación de la Ley Electoral, “coaccionando a ciudadanos con temas de empleo para conseguir votos”.

Ya pasadas las elecciones, surgen las interrogantes de qué pasará con los resultados de las investigaciones hechas por el órgano especializado contra delitos y crímenes electorales; y si algunos de los inculpados, de ser hallados culpables, serían sometidos realmente al imperio de la ley.

Se recuerda que la Procuraduría de marras fue habilitada tras mucha presión de la oposición y de los sectores de la sociedad civil y que el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) eligió a la magistrada Cueto de una terna que le sometió el Consejo Económico y Social (CES) y que incluyó al magistrado Jonathan Baró, ambos propuestos indistintamente por el PRM y el PLD.