Someten ante el CPJ fiscal de San Cristóbal por alegada faltas graves

SANTO DOMINGO.-  El Consejo del Ministerio Público está apoderado de una querella  contra la fiscal de San Cristóbal   por cometer alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones por parcializarse durante las investigaciones de una banda de estafadores que opera en la zona y  busca adueñarse de una empresa del parque Industrial de Haina.

La querella  disciplinaria contra Diomeri Soto,  está dirigida al procurador general de la República Jean Alan Rodríguez;  al Consejo del Ministerio Público y a la Inspectoría General del Ministerio Público. Depositada el pasado viernes.

Ante la presentación de la querella fue requerida e  interrogada en presencia de la procuradora general de la Corte de Apelación de San Cristóbal Celeste Reyes.

El empresario Job Natanael Arias sostiene que Soto ha dicho públicamente que el  principal acusado de una estafa Roberto Faxa (Tico) es su amigo y se abstuvo de solicitarle medida de coerción a pesar de que  fue apresado luego de irrumpir en dos ocasiones  junto a un grupo de hombres armados en la empresa Franto Super Mass.

“Las faltas graves cometidas por la magistrada Diomeri Soto, violan la Ley Orgánica del Ministerio Público, número133-11”, indica Arias.

Dijo que con la actitud de protección y privilegio por parte de la fiscal a una persona acusada de hechos punibles, está propiciando una desgracia a la comunidad de San Cristóbal.

Informaciones obtenidas por el propietario de la empresa dan cuenta de que Tico Faxa,  está siendo protegido además de la fiscal,  por un alto dirigente político de esa provincia que mediante llamadas telefónicas pide no procesarlo judicialmente porque había contribuido en la campaña electoral.

“Tratar reiteradamente de forma irrespectuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva  a los superiores jerárquicos, a los subalternos y al público”, artículo 91 de la Ley 133-11.

Precisa el empresario que con la querella  busca poner un ejemplo con los funcionarios del Ministerio Público que  viven haciendo causa común  con delincuentes por lo  que la fiscal Soto, debe ser suspendida de sus funciones.

Indica que la Ley Orgánica del Ministerio Público también establece que los fiscales deben inhibirse de la investigación cuando tengan algún vínculo con las partes en el proceso y la magistrada a dicho públicamente que es amiga de Faxas Sánchez, principal acusado en el caso.