Fundación JT propone codificar toda la legislación electoral en un solo volumen

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, propuso este domingo la codificación de toda la legislación electoral dominicana en un solo volumen, bajo la denominación de Código Electoral de la República Dominicana, así lo dio a conocer durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la entidad.

Potentini manifestó que con esta codificación de la legislación electoral en solo volumen se daría respuesta a los múltiples inconvenientes y conflictos que se han presentado como consecuencia de la dispersión de normas y de leyes obsoletas y descontextualizas del actual régimen constitucional.

En el evento estaban presentes: Smerly Rodríguez Jiménez, Sarah Adames y Hernán Matos Gerónimo.

El presidente de la FJT, recordó que la génesis del sistema es la convicción democrática, el ideal de vivir en una sociedad sin privilegios  ni distinciones de clase en las que el gobierno se ejerce por las autoridades electas.

Resaltó que para tal fin se han creado normas aparentemente disímiles pero sustancialmente unidas por su propósito.

Dijo que por ejemplo, se tiene al respecto la Ley Electoral número 275-97, del 21 de diciembre de 1997, que en realidad se trató de ser una especie de “Código Electoral”, porque refundió lo que el legislador consideró necesario de las leyes 5884  e 1962 y otras numerosas leyes que fueron votadas periódicamente, hasta 1992 por lo menos, que contemplaban aspectos parciales de la materia electoral.

Precisó que la modificación constitucional de 2010 fue necesario dividir las atribuciones de la Junta Central Electoral  (JCE) como organismo encargado de las elecciones, dejándole las atribuciones administrativas y quitándole las atribuciones jurisdiccionales, que se entregaron a un Tribunal Superior Electoral (TSE).

Detalló que ese tribunal pronto se vio afectado por la inexistencia o insuficiencia de normas sobre su papel jurídico, de manera que creó el Reglamento Contencioso Electoral, que hasta ahora es la norma procesal electoral vigente.

Además, significó que para hacer realidad dicha proposición, la entidad acudirá a todas las instancias posibles y las entidades de la sociedad civil, pero en especial al Congreso Nacional, órgano calificado para crear y modificar leyes.

Con respecto a la codificación de la legislación electoral en solo volumen, informó que en la mayoría de los países de América del Sur, así como otros de Centroamérica, ya existe la codificación de las leyes en esta materia, tras mencionar a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, entre otras naciones de América del Sur. Mientras en América Central está el caso de El Salvador, Costa Rica, entre otros países de la región.

El jurista expresó que no dudas de que el panorama precedente descrito, con la dispersión de leyes en materia electoral y la tendencia internacional de adoptar códigos electorales.

A parte de encontrarnos alejados y marginados de la nueva realidad y contexto constitucional que proyecta al país como un Estado Social y Democrático de Derecho en los términos del artículo 7 de la Constitución, imponen la inminente necesidad de avocarnos como país a producir una reforma política y democrática profunda, la cual deberá de manera integral subsanar la obsolescencia de nuestro anquilosado y vetusto sistema electoral, expresó.

“De lo que se trata es de complementar los esfuerzos y aprestos que en la actualidad encabeza el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en esta oportunidad vía monseñor Agripino Núñez Collado, para que en su condición de presidente del Consejo Económico y  Social, procure el consenso y discusión para reformar la ley electoral y aprobar una nueva ley de partidos políticos”, afirmó el presidente la FJT.

Rechaza intención regidores del D.N. de aprobarse pensiones.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la intención de algunos regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), que quieren aprobarse pensiones jugosas al término del actual mandato, dijo es que intención es total ilegal.

Notificó que esa práctica es dañina e ilegítima, porque se están dando los casos que alguien que haya estado en cualquier consejo de alguna entidad gubernamental, sea centralizada o no se aprueben pensiones escandalosas, en muchos casos superior a los RD$400,000.00 mensuales.