Piden al Poder Ejecutivo desistir de deportaciones masivas de inmigrantes haitianos

MAX PUIGSANTO DOMINGO.-  El partido Alianza Por la Democracia (APD) reclamó al presidente de la República, Danilo Medina, no ejecutar una política de deportación masiva contra los inmigrantes haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana al vencerse, el próximo 17 de junio, el plazo otorgado para la regularización migratoria.

En rueda de prensa realizada en su sede nacional la APD destacó que, en caso de realizarse las deportaciones, el presidente Medina será el responsable directo de los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por las autoridades y por grupos protegidos por éstas, que aprovecharán la ocasión para agredir y despojar de sus bienes a inmigrantes y a dominicanos hijos de inmigrantes, como ha ocurrido en el pasado reciente en Moca, Santiago y otras localidades del país.

La organización política señaló que la deportación masiva de inmigrantes, como lo sería el plan de repatriación masiva que según el gobierno tendría lugar a partir del 17 de este mes de junio, está prohibida explícitamente por la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José, 22 de noviembre del 1969), ratificada por el Estado dominicano mediante la resolución número 739, del 25 de diciembre del 1977.

El artículo 22 sobre Derecho de Circulación y de Residencia, en el acápite 9 de esta Convención, consigna explícitamente la prohibición de la “expulsión colectiva de extranjeros”.

Manifestó la APD que la deportación masiva presentada como repatriación de nacionales haitianos no regularizados no es un instrumento o una práctica que deba utilizarse en contra de los inmigrantes al finalizar un proceso de

La entidad política negó que el plan nacional de regularización haya sido exitoso como lo afirman las autoridades. “Todo lo contrario. A la fecha no llegan ni a 400 personas de las 458,233 de origen haitiano que la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) estableció que están radicadas el territorio nacional, a quienes se les ha entregado documentación que ampare su residencia en los términos dictados por el decreto 327-12 del Poder Ejecutivo”, aclaró.

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