Entienden festinadas, injustas, desiguales y privilegiadas, medidas de coerción

SANTO DOMINGO.- En los Tribunales de la República las medidas de coerción se ha convertido en una figura jurídica injusta, desigual, privilegiada y discriminatoria, porque todo depende de la persona a quien se vaya a juzgar.

En su aplicación, las medidas de coerción también se ha convertido en una pena anticipada que contribuye a que haya más presos en las cárceles, según el abogado Freddy Calderón.

Dijo estar consciente de que tienen  un fin útil, pero alega que los jueces la han desnaturalizado, porque “ellos han entendido que no califica para una garantía económica quien no tiene carro del año, una residencia en Arroyo Hondo o cuenta bancaria en dólares o euros”.

Por tales motivos, afirma que existe una realidad dura: 30 mil presos entre preventivos y condenados, de los cuales el 3% son mujeres;  y 1,500 adolescentes en las prisiones.

Entiende que la coerción perdió la esencia y que en lugar de convertirse en un mecanismo para garantizar que el ciudadano comparezca, se ha convertido en una pena  anticipada.

Calderón destaca que el objetivo primario del Código Procesal Penal fue establecer el proceso de investigación, pero que ahora “primero se tranca  y luego se investiga, desnaturalizando el proceso, hemos vuelto atrás”,

Citó el caso Baninter, en el cual alega que sus imputados asistieron al proceso “todo el tiempo en libertad, igual ocurrió con los implicados en el caso del Plan Renove”.

De su lado,  Yudelka Pimentel, abogada,  atribuye las citadas debilidades de las medidas de coerción a “errores del sistema”.

Citó como ejemplo el caso de la cantante Martha Heredia, con quien se quiso dar un ejemplo a la sociedad, “cuando el Código establece igualdad para todos,  en su aplicación.  La notoriedad pública, en muchos casos obliga al juez a dictar prisión”.

También  citó el caso del dirigente reformista José Cruz, quien actualmente lleva nueve meses y medio cumpliendo prisión preventiva, “quien por su arraigo y estado de salud debía estar en su casa”.

Para el doctor Leonardo Suero “la medida de coerción puede ser ver buena y puede ser mala, todo depende de la persona,  hombre o mujer,  que se le  vaya a conocer, siempre desde el punto de vista jurídico o político  y hasta social”.

“Lo correcto sería, primero, que se investigue, no otorgar medida de coerción sin conocer los hechos, no la llamada prisión anticipada, preso ahora, y luego investigar,  debe ser investigación, luego juzgar si el imputado va preso o no”, sostuvo.

Agregó que muchas veces el juez toma de la decisión de ordenar medidas de coerción por la presión mediática y se le aplica prisión preventiva  para no ser cuestionado.

“Las personas con notoriedad pública, regidores, políticos que tiene asuntos pendientes no se fugan”, aseguró Suero.

“Los jueces por la presión mediática han establecido como norma la aplicación de la medida número siete, que es la prisión preventiva que regularmente  perjudica a los imputados, porque muchas veces el Ministerio Público no presenta el presupuesto necesario, ni las pruebas preliminares  a los fines que merezca esa medida de prisión, una prisión por adelantado que viola los derechos fundamentales  del individuo”, argumentó

Precisó que  “si en la preliminar o juicio de fondo el juez determina que el imputado era inocente,  quién va en auxilio a limpiar la imagen de ese individuo que ya pasó tres o seis  meses preso, quién defiende la reputación de esa persona”.

Julio Ortiz, con 23 años de ejercicio del derecho, entiende que el propósito del nuevo Código Procesal Penal es  establecer que la prisión es la excepción y la libertad la regla.

“En tanto que  la finalidad consiste en impedir que el imputado se sustraiga del proceso o represente un peligro de fuga”, añadió.

De su lado, Secundino Martínez Espinosa, con  15 años litigando en los tribunales, entiende también que las medidas de coerción contribuyen a que haya más presos en las cárceles.