Organización denuncia cancelación jefe departamento y otras 30 embarazadas en la UASD

SANTO DOMINGO.- La Sociedad Dominicana de Asistencia Jurídica (SODAJU),  denunció que el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón Fernández, destituyó a Mario Antonio Hernández como Responsable de Acceso a la Información Pública de esa alta casa de estudios y con él, más de 30 servidoras en estado de embarazo.

Sobre las cancelaciones a embarazadas, dicen que este es un fenómeno propio de una caverna ya que en su condición de embarazadas están protegidas por la Ley 41-08 de Función Pública exceptuando aquellas, sí existen, que no realicen ninguna función.

Según explica SODAJU en un comunicado enviado a los medios, con esta decisión el rector ha viola el artículo 8 de la resolución 2/2012 dictada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) que dice: “Que los Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI) que hayan sido nombrados ante de esta resolución y que no hayan sido incorporados a la Carrera Administrativa deberán ser incorporados a la misma”.

De igual forma deberá serlo su personal técnico.  Párrafo: “A partir de la presente resolución las instituciones deberán garantizar la permanencia en el puesto de los responsables de acceso a la información que tomaron las capacitaciones relativas a la ley 200-04 durante el periodo 2006-2012”.

Destacan que Hernández organizó la Oficina de Libre Acceso a la Información de la UASD, tomando en cuenta los requisitos exigidos por la DIGEIG , de tal manera que los ciudadanos pueden acceder al portal de transparencia, tomando conocimiento no solo de la nómina y de la ejecución presupuestaria de la alta casa de estudio, sino además de todas las operaciones de compras y servicios que realiza la institución y de los contratos y acuerdos nacionales e internacionales que ha firmado la universidad con otras instituciones.

“Entendemos que cuando un funcionario violenta la ley y con esta la Constitución de la República, en un país donde existe y se respeta el estado social de derecho, el funcionario transgresor está en la obligación de renunciar y no siendo la universidad una academia militar el rector debe convocar el Claustro Menor para que conozca de la violación a la ley cometida por este”, expresa la entidad.