Seis meses de prisión preventiva acusado como testaferro red de lavado presiden dos colombianos

SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso este jueves seis meses de prisión preventiva a Raymundo Antonio Peña Martínez, acusado de ser el principal testaferro de una red de lavado cuyos integrantes fueron apresados el  pasado 12 de diciembre que dirigían los colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Ángel María Buitrago Vacca.

El magistrado Vargas adoptó su decisión,  tras acoger un pedimento de los fiscales adjuntos María del Carmen, Ramón Sención y Milcíades Guzmán,  quienes argumentaron ante el juez que si eran dejados en libertad  podían alejarse del proceso y hasta fugarse.

Peña Martínez fue enviado a la cárcel de La Victoria a los fines de poder concluir con las investigaciones del caso para luego ser enviado a  juicio de fondo.

Peña Martínez fue apresado por el  Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), mediante un operativo realizado en conjunto por miembros de Drug Enforcement Administration (DEA) y en coordinación con la Policía de Haití, apresado el pasado domingo, en una estación de combustibles ubicada en la comunidad de Petionville en  Puerto Príncipe.

De acuerdo a las investigaciones del DNI, el acusado posee cuantiosos bienes muebles e inmuebles, fruto del lavado de activos y se ocultaba en Haití bajo el nombre de Domingo Ramón Toribio Paulino, donde  cambiaba frecuentemente su domicilio para no ser detectado hasta poder viajar a Colombia.

Los fiscales también alegaron que debe ser mantenido en prisión  porque  posee informaciones vitales relacionadas con el inicio de las actividades  de la red en  la República Dominicana.

En este caso está involucrada  la presentadora de televisión  Angie Patricia Agramonte Rojas, a quien se le atribuye ser dueña de una jeepeta donde incautaron más de 300,000 dólares, dinero propiedad de la colombiana  Ginaliz Quintero Flores (Gina o La Gorda), en prisión acusada de lavado de activos.

Se recuerda que por el mismo caso se les dictó medida de coerción a los venezolanos Antonio José Contreras Figuereo, quien también se identifica como Marcos Alberto Cepeda y  al colombiano Esneider Chaparro González (Casanares).

También, a los venezolanos Ángel María Buitrago Vacca, y su hermano Santiago Castro Sánchez o Huber Oswaldo Buitrago Ruiz y Javier Carrillo,  acusados de operar la red en Santiago de los Caballeros.

Igualmente, a  los colombianos Diego María Guzmán Arango, Pedro Julio Cárdenas, Marcos Tulio Vivas Sánchez, Mónica Carolina Jaime Romero,    César Baudilio Escalante Lizarazo,  Diana Milena Alfonso, Jaime Alberto Delgado Muñoz, Wilder Bonilla Delgado, Werner Muñoz Ruiz Bernard,  Ronald Yesid Mora Buitrago,  Jonathan Arena Peña y  Clara Maritza Jaime Romero, igual que el dominicano Pedro de Jesús.