Organización civil declara jornada de lucha contra «festival» de liquidaciones y pensiones de funcionarios públicos.

SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), anunció una cruzada cívica en contra del festival de liquidaciones y pensiones, realizadas por los funcionarios públicos del sector financiero del pasado gobierno, durante el periodo de transición, en su propio provecho y beneficio, amparados en reglamentos internos a todas luces ilegítimos, inconstitucionales y al margen de las leyes de seguridad social y función pública, todo ello en franca y abierta violación a los principios constitucionales de equidad, proporcionalidad e igualdad.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, urgió al gobierno por intermedio de los organismos competentes, ministerios de hacienda y de administración pública, a revisar e investigar y suspender el pago de las pensiones otorgadas de forma irregular, desproporcionadas y bajo cuestionamientos, así como a realizar los cruces correspondientes en la nómina del Estado, para verificar quienes tienen más de una pensión y si en la actualidad también continúan nombrados percibiendo un salario de la administración pública.

A juicio de Potentini, resulta insostenible y vergonzoso, que en una nación pobre, como la República Dominicana existan funcionarios con menos de 55 años que perciban más de medio millón de pesos mensuales, no solo de por vida, sino para la eternidad, incluso transferible a sus familiares, en un claro contraste e injusto abismo con la gran mayoría del pueblo dominicano, con pensiones de miseria, que apenas alcanzan los cinco mil pesos, constituyéndose en una práctica aberrante y recurrente en el país, la cual debe ser extirpada.

Finalmente la FJT, lamenta que esta práctica se haya aposentado en la administración pública por varios años, hoy presente en la mayoría de los órganos constitucionales y de las instituciones autónomas y descentralizadas, proyectando en el corto plazo una situación inmanejable, de cara a las cargas del presupuesto general del estado, lo que impone someter a todas esas instituciones a la legalidad y al sistema general de pensiones instituido de conformidad con la ley de seguridad social.