La ocupación de los espacios públicos para negocios particulares.

Preocupante es la situación que se esta produciendo con la ocupación de los espacios públicos que se viene dando en el municipio Pedro Brand, sin que las autoridades locales corrijan la problemática.
Personas se dan a la tarea de ubicar franja de terrenos en zonas verde y proceden a levantar negocios de todo tipo, negocios que luego van modificando su estructura original de construcción. Las aceras las convierten en espacio de productividad particular.
Como es costumbre en estos casos, los funcionarios se hacen de la vista gorda, los ciegos, para no impedir que particulares usufructúen espacios destinados para la colectividad. El meollo de esta cuestión es la problemática social envuelta en ella, un muerto que nadie quiere echarse arriba, y ante el que han sucumbido distintas administraciones municipales.
No entendemos cómo el ayuntamiento esta permitiendo que se esté arrabalizando el municipio con la instalación en las aceras de las calles del sector, de toda clase de negocios, que van desde un simple puesto para reparar neumáticos (gomas) hasta un colmado; pasando también por establecimientos dedicados a barbería, salones de bellezas, cafeterías y venta de ropas, entre otros.
No nos oponemos a que estas gentes tengan un medio que le permita ganarse algún dinerito para el sustento de su familia, pero esto no debe ser a expensa del irrespeto al derecho de los demás y convertir el municipio en un lugar con una imagen que deje mucho que desear ante los ojos de los residentes y los visitantes.
Pero el problema no es solo exclusividad de este municipio, sino que se trata de una política generalizada en todo el territorio nacional.
De permitirse que suceda esto, estamos fomentando un fenómeno muy usual en el país en este tipo de actividad. Se trata, que al final cuando se decide buscar solución al hecho, los ocupantes de estos predios reclaman que hay que pagarles la inversión que ellos han hecho en la construcción de sus negocios.
Los invasores pacíficos, como podríamos llamarles, alegan derechos adquiridos, cuando bien saben que estaban ocupando unos terrenos que no le pertenecen.
Si se actúa a tiempo se evita que de los impuestos que pagamos los ciudadanos, se dedique una partida para pagar a una persona, que más bien, deberían ser ellos los que pagaran a la municipalidad por el uso indebido de un suelo no destinado para los fines que usaron ilegalmente.
Hay que preservar los espacios públicos y las autoridades están llamadas a garantizar que esto así suceda.
La meta principal de estos tiempos no es la supervivencia de un sector, sino la del municipio, con sus autoridades a la cabeza, como protectores de los intereses de todos, y esto implica tomar decisiones dolorosas.
Ojalá tengamos el valor de tomarlas.
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