Juez falla no ha lugar a favor de empresario Rizik

SANTO DOMINGO.- La juez Franchesca Potentini, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó ayer un acto de no ha lugar a favor del empresario Raúl Rizik Yeb, en el caso que había incoado su exesposa Alexandra Mejía Arcalá por supuesta violencia de genero.

La magistrada basó su veredicto en que no existían elementos de prueba suficientes para sustentar la acusación, lo cual reconoce la tesis que siempre mantuvo la defensa de que no existían hechos constitutivos de delito ni evidencia que justificara la apertura de un caso.

La defensa de Rizek Yeb valoró positivamente el dictamen de la jueza al salir del juzgado y reiteró  que este caso se trataba simplemente de una estrategia de la señora Mejía Arcalá y de sus abogados para presionar la negociación de partición de bienes entre la antigua pareja.

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Depositan recursos de amparo contra la construcción de nueva presa de colas por la Barrick

SANTO DOMINGO.- Un grupo de víctimas, así como de diversas organizaciones sociales, ambientales y climáticas, presentó este martes ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dos recursos de amparo, uno de extrema urgencia y otro preventivo, para frenar la amenaza de la empresa minera Barrick Gold de construir una nueva presa de cola en el distrito municipal de Sambrana, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. 

Los voceros del colectivo, Euren Cuevas Medina por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, Fernando Peña del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, ODPP-UASD y el abogado Martín Guzmán Tejada, víctima y representante de las comunidades afectadas, manifestaron su preocupación por los riesgos que implicaría la construcción de la nueva presa. 

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Acusan de robarse la luz a fábrica de hielo y estancia de recreación

SANTO DOMINGO.- En una acción coordinada para enfrentar el fraude eléctrico y proteger la integridad del sistema energético nacional, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) realizaron un operativo conjunto en la comunidad de Mata de Palma, municipio de Guerra.

Durante la intervención, fueron detectadas conexiones ilegales en dos establecimientos comerciales que operaban al margen de la Ley General de Electricidad 125-01: una Fábrica de Hielo y una estancia de recreación. Ambos recintos se encontraban conectados de forma clandestina a la red eléctrica, sin contrato de suministro ni sistemas de medición, lo que constituye una grave violación al marco legal que rige el sector eléctrico dominicano.

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Eric Raful defiende proyecto de ley y afirma que fortalece la libertad de expresión

SANTO DOMINGO.- El abogado Eric Raful aseguró que el proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios digitales busca blindar derechos fundamentales y ofrecer respaldo legal a medios y creadores de contenido ante presiones externas.

“Es un mandato de la Constitución dominicana, que como desarrollo normativo de los derechos fundamentales en alas de una mejor garantía y de una mejor forma de tutelar esos derechos, se desarrolle eso”, sostuvo.

Durante su participación en Reseñas, el podcast, espacio que conducen los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz, Raful explicó que el proyecto desarrolla mecanismos legales para armonizar la libertad de expresión con otros derechos fundamentales como el honor, la intimidad y la imagen.

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MP solicita coerción contra acusados de estafa con criptomonedas por US$2 millones

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público pide la imposición de medidas de coerción contra Bélgica Altagracia Báez de la Rosa y José Horacio Vicioso Ureña, a quienes se les acusa de integrar una empresa dedicada a la comercialización de criptomonedas, vinculados a una estafa de más de 2 millones de dólares contra 113 personas.

La solicitud será conocida en audiencia este martes a partir de las 9:00 de la mañana, en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La Fiscalía pedirá que a los imputados se les impongan arresto domiciliario, uso de grillete electrónico e impedimento de salida del país.

De acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, la investigación está a cargo de la procuradora fiscal titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo. El expediente establece que los acusados incurrieron en los delitos de estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.

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Tribunal ordena la libertad de dos ejecutivos implicados en el fraude millonario del Banco Peravia

SANTO DOMINGO.- El Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional ordenó la libertad de Carlos Alberto Serret Sugrañez y Jorge Serret Sugrañez, quienes cumplían condena por su implicación en el fraude de más de 1,400 millones de pesos cometido en el Banco Peravia en el año 2014. 

A través del documento de oficio número 00050-2025, de fecha 16 de mayo de 2025, firmado por el secretario del Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional, José Miguel Figuereo De La Cruz, se ordenó la libertad de los penados.

Carlos Alberto Serret Sugrañez y Jorge Serret Sugrañez fueron condenados por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura de banco y privada y violación a la Ley Monetaria y Financiera. 

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Depositan recurso de amparo por supuestos abusos contra residentes en La Jina Hueca, La Vega

 LA VEGA.- Residentes en el paraje La Jina Hueca, en las proximidades de la presa de Tavera, incoaron un recurso de amparo preventivo y de cumplimiento ante la Primera Cámara Penal de La Vega, denunciando una serie de abusos cometidos por el coronel retirado Ramón Placencia Fernández.

La acción fue interpuesta a través del abogado Óscar Lora, quien denunció que los comunitarios han sido víctimas de constantes atropellos y abusos de autoridad por parte del referido oficial retirado, quien —según Lora— actúa a título personal y no en representación de ninguna institución oficial.

El jurista explicó que el conflicto se originó luego de que la comunidad obtuviera un permiso del Ministerio de Medio Ambiente para la ampliación de un camino vecinal que existe desde hace más de cien años, por donde solo pueden transitar caballos, mulos y personas a pie. Dicha ampliación busca facilitar el transporte agrícola y ganadero, a sectores gravemente afectados por el mal estado del camino.

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